Entrevista a Pau Enseñat, CEO de Reclamadatos, en A3 noticias

Manu Sánchez y Pau Enseñat

La ampliación de la denuncia presentada por el máximo responsable de Reclamadatos contra la app Radar COVID ante la Agencia Española de Protección de Datos despertó el interés del matinal de noticias de Antena 3 el lunes 25 de enero.

Causas para ampliar la demanda

Pau Enseñat enumeró ante el presentador Manu Sánchez las causas por las que ha ampliado la primera demanda contra esta app de rastreo, presentada el pasado mes de septiembre de 2020, y explicó las causas del fracaso de Radar COVID en España.

En este caso, la denuncia se ha ampliado no solo a la Secretaría General de Administración Digital, contra la que iba dirigida la primera reclamación, sino también contra el Ministerio de Sanidad y todas las Consejerías de Sanidad de las 17 Comunidades Autónomas. 

En la nueva reclamación, se enumeran una serie de factores que, a juicio de Enseñat, “han influido notablemente en que solo se hayan declarado a través de la app poco más de 36.700 positivos desde que se puso en marcha, ya que ha generado una desconfianza innecesaria y la mayoría de los ciudadanos se han mostrado reacios a descargarla y utilizarla pese a la gravedad de la pandemia”. 

Y es que, transcurridos más de seis meses desde su lanzamiento, sigue sin publicarse la evaluación de impacto o conocer si la misma cuenta con la aprobación de la Agencia. Si la investigación concluye que se ha vulnerado la normativa, podría afectar a las aplicaciones de rastreo europeas con las que Radar COVID está compartiendo datos.

La denuncia pide que se aclare si se ha producido una brecha de seguridad y si se comunicó a la AEPD ya los interesados, como exige el RGPD.En las modificaciones realizadas tras la primera denuncia, el Ministerio admite que la app estuvo en pruebas la menos hasta el 9 de octubre, pese a que ya en agosto comenzaron las campañas para impulsar las descargas.

La modificación de la Política de Privacidad admite que sí se están tratando datos personales, lo que habilita a los usuarios a reclamar sus derechos.

Para Pau Enseñat todo esto explica por qué la aplicación Radar COVID no está teniendo el impacto deseado, pues resulta imposible que transmita confianza a la población, «a pesar de los 1,7 millones de euros públicos invertidos en su desarrollo y mantenimiento».